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Español, Gestión e innovación, Política

Recetas para salir de la crisis (I): desaparición de los funcionarios

(No pensemos mal: lo que propongo no es ninguna barbaridad imaginaria. Es una barbaridad eminentemente práctica. No sólo no tengo nada contra los funcionarios sino que los profesionales que más respeto lo son. Sigan leyendo, sigan…)

Mis sufridos lectores saben que de vez en cuando me gusta pontificar sobre política, entendida no como la actividad competitiva de los partidos sino como la búsqueda de soluciones a los problemas comunes. Hoy empiezo con cuatro recetas para quien las quiera; no sólo creo que son necesarias para salir de la crisis, sino que estoy seguro de que hasta que se hayan tomado no estaremos realmente fuera de ella.

Venimos oyendo que no hay dinero, que algunos no pueden alcanzar el objetivo de déficit (cuando deberíamos aspirar a superávit), que los ajustes hacen necesario reducir gastos sociales e inversiones. Lo que no oímos mucho es porqué. Esta es una de las causas.

1. El elefante en la habitación: la reforma de los funcionarios.

Los ingleses tienen una frase curiosa para referirse a temas importantes que todos eligen ignorar. Lo  llaman el “elefante en la habitación“.

Existe en España algo llamado Ley de la Función Pública (con versiones propias en cada autonomía), con un Código que lo desarrolla. El objetivo de la misma es regular la forma en que se contrata y gestiona el personal funcionario. El resultado es un régimen laboral especial, en el que es casi imposible despedir a alguien por razones disciplinarias o de rendimiento, y no digamos por razones de eficacia o económicas. Como consecuencia, cuando el Gobierno quiere reducir costes en las administración central, tiene que hacerlo con medidas que tocan a cualquier cosa menos al principal epígrafe de gasto: el personal contratado. Y lo mismo puede decirse de cualquier otra administración. Si cierran una dirección general, tienen que recolocar a la gente en otro lado (con un ahorro neto cosmético). Si quieren reducir personal, (casi) sólo pueden dejar de contratar hasta que las jubilaciones cuadren las cuentas.

Esto es gravísimo, porque significa que antes se recortan programas sociales, o de educación, o de lo que sea, que racionalizar servicios o instituciones redundantes o simplemente demasiado caras. Significa que se ven obligados a tomar medidas globales (bajadas de sueldo a todos los funcionarios) cuando las ineficiencias son muy concretas (sobran unos cuantos, o algunas formas de trabajar). Que no pueden cubrirse plazas necesarias porque no hay manera de deshacerse de gente que sobra ni de contratar la que falta. Y que uno de los incentivos del desempeño correcto (garantizar la propia seguridad laboral) no existe.

La forma que han tenido las administraciones de evitar esta problema ha sido crear sociedades públicas o subcontratar. Estas sociedades y subcontratas son las primeras en sufrir ante un ajuste presupuestario, sencillamente porque se puede: no importa si son necesarias o eficientes, porque sencillamente no hay alternativas. Así el coste del funcionariado que sobra lo pagan los que trabajan para la administración sin ser funcionarios.

Eliminar esa ley especial y sus derivadas, esos privilegios (sin perjuicio de que se siga contratando mediante exámenes si se estima oportuno, o lo que quieran acordar por convenio), es una necesidad urgente. A su sombra viven las mayores distorsiones de la eficacia en la gestión de los recursos públicos, y las mayores desigualdades entre trabajadores españoles.

Cuando la parte más importante del presupuesto (sueldos de funcionarios) casi no se puede tocar, es difícil bajar los gastos de una administración. En Portugal acaban de abrir la veda de este particular elefante. Aquí, quizá porque más de un tercio de los diputados son (curiosamente) funcionarios, estamos tardando en hablar de él. Pero antes o después, habrá que reformarlo.

Y no, no se trata de despedir funcionarios. Tampoco tenemos tantos, al menos en el Estado. Se trata de dar a las administraciones la posibilidad de reformarse y racionalizarse como cualquier otra organización, de usar sus recursos con libertad para asegurar su eficacia. Se trata de eliminar leyes especiales que favorecen el status quo y nos cuestan dinero a todos. Incluidos los funcionarios.

Actualización (20-05-2013): después de analizar los datos aportados por El País en el último link, me temo que no los citan correctamente. De acuerdo con el INE, la cifra total de empleados públicos alcanzó su máximo en 2011 y el año siguiente se redujo… en un 5,5%. Menos de lo que había crecido entre el 2008 y el 2011. Mejor que no lo comparemos con el modo en que se ha ajustado el uso de recursos en el sector privado.

Empleo público en España por instituciones, y su evolución durante la crisis (Fuente: EPA del INE).

Empleo público en España por instituciones, y su evolución durante la crisis (Fuente: EPA del INE).

Comentarios

2 comentarios en “Recetas para salir de la crisis (I): desaparición de los funcionarios

  1. Es una solución a un problema que no existe. España no necesita menos funcionarios, sino más. Y ya tiene modalidades de contrato que permiten contratar y despedir libremente en la Administración: personal eventual. ¿Pero alguien cree que sustituir funcionarios estables y capaces por asesores nombrados por su carné sacará a España de la crisis?

    Publicado por Iñaki Agirre | mayo 20, 2013, 12:54 pm
  2. En absoluto :-). Tampoco lo propongo.

    Lo que creo es que las administraciones necesitan muchas más flexibilidad, la misma que las empresas privadas, a la hora de gestionar sus recursos. Ahora mismo no se puede:

    – Trasladar a una persona a otro servicio, aunque quiera, si su jefe se niega.
    – Contratar a quien se necesita, aunque haya presupuesto, porque por norma no se puede contratar.
    – Pagar a alguien más, por su rendimiento o utilidad, sin necesidad de subirle de puesto.
    – Despedir a quien desobedece órdenes directas de sus jefes (a poco que se cubra las espaldas).

    Todo eso es más importante que poder despedir. Pero poder adecuar el empleo (despedir) cuando hace falta tampoco debería ser imposible.

    Contratar a alguien que no sea funcionario no significa necesariamente contratar por carné. Y se puede contratar por oposición sin dar por ello privilegios a prueba de bomba.

    Un saludo,

    Miguel

    Publicado por Miguel | mayo 20, 2013, 1:09 pm

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