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Español, Política

De política, emprendimiento y crecimiento

Me van a perdonar ustedes que hable un poco de política :-). Lo echo de menos, y además, desde que no trabajo para ninguna Administración, no vean las ganas que le tengo. Han sido años sin poder opinar, como buen proveedor.

Estas semanas nos estamos hartando de oír hablar de política en España. Aunque lamentablemente la mayor parte de ésta sea la variedad de programa del corazón (quién se habla con quién esta semana, cual es hermano secreto de cual, qué le dijo éste a aquel, y con quién se ponen los cuernos). Antes o después el gobierno en funciones convocará elecciones, pero mientras tanto, al menos, se habla de política.

Lo que no acabamos de oir son algunas verdades del barquero, soluciones pendientes que harían daño a intereses creados pero beneficiarían a muchos. Sabemos que la tasa de paro real en España no es la declarada, porque sabemos que hay una economía sumergida notable (personas que no declaran su actividad o sus contrataciones). Sabemos que el 99% de las empresas españolas son PYMES. Y sabemos de lo que se quejan. Pero no hay manera de que se haga.

Todos los partidos, hasta la izquierda populista, hablan de favorecer al pequeño empresario, el emprendedor y el autónomo. Pero las medidas prácticas propuestas escasean. Los aspirantes a emprendedor y los pequeños empresarios no necesitan más “formación” de manos de funcionarios. Veamos algunas cosas que se podrían hacer para dinamizar la creación de empleo en España. Algunas se han intentado o están en la mesa, pero no se ven en la calle:

Cuota de autónomos. En España, a pesar de exenciones temporales a según qué colectivos, y otras complicaciones, darse de alta como autónomo supone un coste fijo (cuota) que sustituye a la Seguridad Social de los empleados. A diferencia de países más sensatos como el Reino Unido, esa cuota es fija: si ganas algo, pagas; si ganas mucho, pagas lo mismo; y si pierdes, pagas también. Y además, por supuesto, pagas el IRPF por lo que consigas ganar, el IVA por lo que muevas, y no estoy considerando el IAE.

Eso es evidentemente malo para el que empieza a emprender. Pero además es malo para la seguridad social, porque la inmensa mayoría de los emprendedores optan por pagar la cuota mínima y ahorrar por su cuenta lo que puedan para la jubilación y gastos médicos.

Una simplificación de la situación que elimine costes fijos animaría, y mucho, a asumir el riesgo de empezar a trabajar como autónomo. Pero una simplificación de verdad, no una bonificación temporal. Lo de “no pague cuota el primer año” es de anuncio de coches, no de política de empleo.

Capitalización. Esta escuece. Hasta hace bien poco, si uno optaba por ponerse a trabajar por cuenta propia, el Estado le devolvía una parte de las subvenciones por desempleo a las que tenía derecho (el resto lo descontaba de las cuotas de más arriba). Ahora, en general, devuelve el 100%. Es un avance. Lo que no ha avanzado es la complicación que tiene tramitar esta capitalización y el tiempo que tarda en estar disponible.

Si queremos más autoempleados, una forma evidente es añadir financiación a esta capitalización. Es decir, apoyar la inversión que hace el trabajador en su propia productividad, añadiendo dinero público. Por ejemplo, en forma de créditos fiscales que le permitan no pagar (o pagar menos) impuestos sobre la renta el primer año, un plazo saludable para consolidar un nuevo negocio. Una medida sin coste neto para Hacienda, ya que esa renta no se generará si el emprendedor no existe o no genera actividad.

Financiación. A pesar de los esfuerzos de Draghi, la inmensa mayoría del beneficio de sus tipos de interés nulos (o negativos) se queda en la banca. Y la banca no está invirtiendo en préstamos a las empresas o autónomos una décima parte de lo necesario. ¿Porqué iba a hacerlo, si le basta con jugar al arbitraje? Toma dinero público gratis, compra deuda pública a interés bajo, ya ha hecho dinero y no ha arriesgado nada. Incluso cuando el ICO o el BEI intentan hacer llegar dinero a las empresas, los procesos de riesgos de las entidades bancarias que lo gestionan hacen que, consistentemente, sobre dinero… no porque no haya candidatos sino porque no los aceptan.

No es por mala intención: lo anuncian, y lo intentan, pero les cuesta. Lo triste es que en las últimas décadas, los bancos han perdido la capacidad de análisis de riesgos esencial para evaluar la solicitud de un pequeño empresario que empieza o un emprendedor (o un autónomo, si hay diferencia). Todo se reduce a la existencia o no de colateral, y como no se acepta el inmobiliario, acabamos teniendo casos como el de la Caja Rural que ofrecía un préstamo siempre que el empresario depositara a plazo fijo la misma cantidad en la entidad. Y era un préstamos diseñado “para emprendedores”… En el caso de las empresas, nos encontramos con que se burla el principio de “sociedad limitada” al exigir responsabilidad personal al empresario, sin entrar a valorar activos o actividad de la empresa.

Corregir los incentivos de los bancos es algo que va a llevar años y esfuerzo europeo (y quizá una crisis global). Pero aquí podemos hacer algo más sencillo: definir un tipo de micropréstamo “a la creación de empresa” dedicado a la adquisición de activos productivos o actividades de puesta en marcha empresarial, con la garantía de esos activos, con una cantidad limitada y con aval público gratuito. La posibilidad de impago se limita porque ningún aspirante a empresario quiere quedar marcado como moroso (y porque ningún moroso podría aspirar al préstamo). El riesgo queda limitado por el tipo de gasto cubierto y la cantidad máxima. Y el beneficio inmediato de desbloquear la financiación a los pequeños negocios puede ser exponencial.

La rentabilidad para los bancos será menor que con el arbitraje. Pero de algún modo tienen que justificar sus oficinas. Y todos esos convenios que firman con las Comunidades Autónomas para prestar a sus empresas.

Contratación. El régimen laboral español es uno de los mayores escollos al crecimiento. Y eso que ha mejorado.

Tal como está, la legislación divide a los españoles en cuatro clases (no dos). Primero, protegidos hasta la médula, los empleados fijos de larga duración, cuyo coste de despido es brutal. Segundo, todos los demás empleados laborales, cuya situación es mucho más precaria y que (salvo Mercadona y otro par de excepciones) no pueden aspirar a más, porque el empresario no es idiota y no está dispuesto a crear más “vacas sagradas” de las necesarias. Tercero, los autónomos reales o falsos, que a día de hoy son cada vez más “freelances” y no empresarios, que existen porque no hay oferta decente de empleo, y que realizan su trabajo con toda la carga del fijo, todo el riesgo del empresario, y ninguna protección. Y cuarto, los sumergidos, que gracias a los costes y rigideces del sistema acaban trabajando fuera de él, ya sea empleando gente ilegalmente para no pagar su seguridad social, ya sea trabajando sin contrato por necesidad o para esquivar la carga impositiva.

Y me dejo el quinto grupo porque del funcionariado mejor no hablar.

Si hay algo que me gusta de la situación política actual es que está obligando a examinar y considerar el “contrato único”, que si se hace de forma racional puede quitar privilegios a unos y mejorar las perspectivas de otros.Sintiéndolo mucho, no creo que la seguridad laboral de una minoría valga la precariedad y la falta de contratación de la mayoría.

Otra reforma pendiente es la de los autónomos. Que con tanta frecuencia no son autónomos sino microempresas de uno, y operan en una situación de asimetría de poder con sus contratantes muy perjudicial. Pero eso queda para otro día.

Contratación pública. En España, la Administración pública, en sentido amplio, es el mayor cliente posible. Y en España hay dos clases de empresas: las que están en Catálogo de patrimonio o tienen un tamaño grande y una historia amplia, y las demás. Las primeras se benefician de pedidos directos de las administraciones y de la inmensa mayoría de los contratos. Las segundas tienen que depender de “negociados sin publicidad” y contratos menores, donde el riesgo de dedocracia es alto (y con frecuencia sin posibilidad de impugnar ya que el recurso es ante la propia autoridad acusada de adjudicar mal).

Esto no sólo reduce la competencia en la contratación (y mantiene abierta la puerta a esa corrupción menor) sino que hace muy difícil que empresas nuevas aspiren a negocio público. Está pidiendo a gritos una reforma.

Reducir barreras arbitrarias (este verano, Exteriores lanzó un pliego de renovación en el que exigía una facturación anual muy superior a la de la empresa que estaba desarrollando el servicio), aumentar la transparencia (¿qué es eso de lanzar un pliego sin publicidad e invitar a dedo a concurrir solamente a quien el funcionario decide?), y facilitar la impugnación (evitando las cláusulas que impiden hacerlo ante terceros) harían mucho por la capacidad de las PYMEs de aspirar a nuevo negocio. Y lo que quiere un empresario no son ayudas. Es la posibilidad de vender y ganarse la vida.

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