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Español, Gestión e innovación, Herramientas, Política

Nubes públicas, oportunidades privadas

Uno de los temas recurrentes de este blog ha sido el cloud computing como evolución natural del uso de los recursos informáticos. Desde aquellas sesiones en el IE hace ya unos cuantos años hasta hoy ha llovido un poco, varios gobiernos han lanzado políticas de “cloud first” para fomentar su uso en el sector público, y varios proveedores (Amazon por ejemplo) han tirado el guante, con servicios de seguridad y fiabilidad certificadas.

La penúltima ha sido la Administración australiana, con una legislación y un plan que favorece el uso de recursos cloud sin prescribirlos (es decir, no es un “cloud first”). Muy razonable, como casi todo por ahí abajo.

La nube no sólo es interesante como factor de racionalización del gasto, sino como catalizador del cambio y la modernización de unas estructuras que muchas veces no están demasiado afinadas. Por el camino, si se hace bien (véase EEUU y Gran Bretaña) fomenta la competitividad y el desarrollo económico al abrir el terreno de juego a empresas que no tienen quince años de servicio y millones facturados a la Administración.

En el caso de España, no tenemos estrategia, no tenemos legislación o certificaciones de referencia, y tenemos una experiencia dolorosa de lo que pasa en estos casos. Entre las medidas de reforma de la administración que se están anunciando hay demasiadas que hacen referencia a la puesta en marcha y uso de la Administración Electrónica. Lo malo es que ésta es un conjunto fraccionado de herramientas que funcionan como les da la gana. A lo largo de la última semana he trabajado con tres; ninguna tenía el detalle de explicar el funcionamiento de su plataforma con equipos no Windows; cada una gestionaba la identificación y firma de un modo diferente (i.e. en uno de los casos tienes que tener certificado para entrar y descargar un formulario, pero luego lo envías sin firmarlo). Ninguno era sencillo ni claro.

Los procedimientos de contratación no son precisamente digitales tampoco. La necesidad de enviar copias compulsadas de documentos ya es un impedimento completo, pero es que la gestión de los expedientes tampoco se deja. Ahí no puedo entrar en detalles, pero dejémoslo en que conozco casos suficientes de primera mano.

Esto es el resultado no ya de 17 administraciones haciendo lo que quieren, sino de varios cientos de ellas trabajando sin coordinación. Incluso cuando se coordinan, no está precisamente garantizado que el resultado compartido sea usable (de nuevo, no puedo concretar pero sí asegurarlo).

¿Qué ha fallado? Dos cosas: la primera, la falta de unos mínimos de coordinación que faciliten compartir plataformas y datos con la agilidad que conviene (algo se ha hecho, poco todavía). La segunda, que no se han explotado las herramientas emergentes, basadas en la nube o no, que decenas (cientos) de nuevos proveedores especializados están poniendo en el mercado. La Administración tiene unos requisitos de contratación que limitan radicalmente quién puede realmente optar a construir estas cosas, y son empresas más caracterizadas por su tamaño que por su innovación.

A sensu contrario, todos esos startups y nuevas ideas (o competidores internacionales) que podrían haber ayudado a simplificar y abaratar la administración… se quedan en la puerta, o quiebran por falta de clientes. En España, y en el resto de Europa, la innovación se dirige al sector privado porque el público no permite otra cosa.

Y eso es grave. Porque el sector público, con todas sus apreturas, es el mayor contratante de servicios tecnológicos del país.

Hablamos mucho de apoyar la creación de empresas, de financiar, de formar. De lo que no hablamos suficiente es de darles la oportunidad de vender, de competir. Si queremos tener un ecosistema emprendedor, lo primero que hay que hacer es romper las barreras que protegen a las empresas establecidas ante la competencia. ¿De qué le vale un préstamo a una nueva empresa si su producto está basado en la nube y pensado para facilitar el trabajo de la Administración? De nada.

Una política real y abierta para el fomento del uso de nuevas tecnologías en la Administración sería una de las medidas más efectivas para impulsar el emprendimiento y la creación de riqueza. Y, por el camino, de ahorrar al Estado (y sus filiales) una inmensa cantidad de tiempo y dinero.

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